Ensayo Immigration

Publicado en agosto 2013 |

0

Una silla es para sentarse


Como están las cosas en el Congreso de los Estados Unidos, la reforma a las leyes de inmigración hasta ahora se concentra en definir los beneficios económicos y la seguridad en la frontera sur, pero los políticos se han olvidado de las personas. Mientras tanto, cientos de miles de jóvenes que sueñan con la legalidad, conocidos como Dreamers, están mostrando el verdadero rostro de los inmigrantes sin papeles.

por Eileen Truax

DreamersLea un fragmento del libro Dreamers, la lucha de una generación por su sueño americano, de la periodista mexicana Eileen Truax.

Tome usted una silla; obsérvela. Póngala debajo de la bombilla fundida que pende del techo. Ahora tiene una escalera. Siéntese en el piso frente a ella. Se ha convertido en una mesa. Colóquela en diagonal contra una puerta. Ha construido una palanca para bloquear la entrada. Hágala pedazos, láncela al fuego. Tiene usted dos kilos de combustible. A pesar de todo lo anterior, la función original de la silla es, usted lo sabe bien, que alguien se siente en ella.

La iniciativa de reforma a las leyes de inmigración que transita por el Congreso de Estados Unidos desde enero de 2013, cuando la llamada “Pandilla de los Ocho” –cuatro senadores republicanos y cuatro demócratas– anunció públicamente su creación, se parece a la silla que acabamos de mencionar: todo el mundo encuentra en ella una utilidad distinta, pero todos parecen haber olvidado su objetivo principal.

Desde su nombre, el documento de más de mil páginas establece prioridades que no tienen que ver con el factor que vuelve más urgente la aprobación de la iniciativa S. 744. “Seguridad fronteriza, oportunidad económica y modernización de la inmigración” es un título que poco refleja la necesidad de velar por los derechos humanos y por la justicia social para los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos.

La propuesta de ley ha servido para que demócratas y republicanos, modernos tirios y troyanos, lleven agua a su molino ideológico electoral. Establecer que una reforma de inmigración debe tener como punto de partida la garantía de seguridad en la frontera ha sido la coartada perfecta para que los legisladores vinculados con los intereses de la industria militar y de defensa establezcan la necesidad de adquirir radares, helicópteros, aviones y sensores. También piden completar 1,126 kilómetros de muro y, además, requieren la contratación de 20,000 agentes adicionales para resguardar la frontera México-Estados Unidos, lo que se traduce en ganancias de decenas de millones de dólares para los principales contratistas.

En la iniciativa aprobada por el Senado –y que fue modificada para dar cabida a estos puntos– el cumplimiento y la evaluación satisfactoria de la estrategia de seguridad son el requisito sine qua non para otorgar el acceso a la ciudadanía a los beneficiarios de la reforma.

Activistas pro inmigrantes han echado mano de los números, en respuesta a quienes se oponen a la regularización ante Inmigración de quienes están indocumentados en el país. La reforma de las normas de inmigración, aseguran con estudios y estadísticas en mano, representaría una derrama económica inmediata de 197,000 millones de dólares, más otros 700,000 millones en los próximos 10 años.

En dichos cálculos incluyen los cerca de 20,000 millones de dólares que recibiría el gobierno estadounidense por concepto de multas y trámites de regularización del estatus inmigratorio de quienes serían sujetos de la reforma, porque los beneficiarios tendrán que pagar una cantidad de 2,000 dólares por persona para iniciar el trámite. El estímulo económico que implica la entrada en la legalidad de tanta mano de obra, la reducción del déficit federal y los números negros en general para las finanzas del país se han convertido en uno de los usos más seductores de esta propuesta de ley.

Una tercera función de la reforma tiene que ver con el ámbito político electoral. Para los republicanos aún sorprendidos con la fuerza del voto latino en estados considerados como “bisagra” –esto es, sin clara tendencia electoral por un partido o por otro–, que al final permitió que la balanza se inclinara hacia el partido del color azul en al menos cinco de ellos, la legalización de 11 millones de indocumentados, estiman, podría convertirse en un activo electoral para el Partido Demócrata. Los posibles futuros votantes se han vuelto un botín político del cual pueden salir convertidos en rehenes.

Sin embargo, de aprobarse el proyecto de ley tal como está ahora en el apartado que corresponde al camino a la ciudadanía, los beneficiarios de la reforma deberán esperar al menos 10 años para convertirse en residentes permanentes y tres más para convertirse en ciudadanos. Durante la primera década de ese camino gozarían de un estatus condicional que les impediría recibir beneficios federales a pesar de pagar impuestos.

Como si este plazo no fuera suficientemente punitivo, todo indica que en caso de que la reforma siga su curso en la Cámara Baja la propuesta aprobada en el Senado será sustancialmente modificada, o incluso desechada, para dar lugar a una nueva que establezca con claridad la necesidad de tener un absoluto control de seguridad en la frontera antes de permitir que persona alguna acceda a un estatus regular de inmigración.

Mientras desde sus cómodos sillones de piel en Washington, D.C. los legisladores encuentran el mejor uso para la reforma, los rostros de los 11 millones de indocumentados que serán beneficiarios de la misma se diluyen, no existen.

La iniciativa no menciona nada con respecto a las familias que siguen siendo separadas cada día que pasa sin que la reforma se apruebe: más de un millón y medio de personas deportadas en los últimos cuatro años, 400,000 más si el año 2013 termina sin que entre en vigor la nueva legislación. Poco se especifica sobre aquellos que serán inadmisibles: los que hayan cometido infracciones criminales, de seguridad nacional, de salud pública o de carácter moral.

Hay, sin embargo, una mención generosa a los jóvenes Dreamers que llegaron al país sin documentos debido a que fueron traídos por sus padres siendo menores de edad, y que al cumplir la mayoría de edad carecen de acceso a la educación superior, a un empleo y a servicios de salud y jubilación. Sin una ley integral que los acoja, estos jóvenes, además, corren el riesgo de ser deportados a un país de origen que, en la mayoría de las ocasiones, ni recuerdan.

Los Dreamers lograron que antes de haber reforma alguna, el gobierno encabezado por Barack Obama anunciara en junio de 2012 el programa de Acción Diferida, conocido como DACA (por las siglas de Deferred Action for Childhood Arrivals), que les otorga protección temporal –aunque no un estatus inmigratorio– durante dos años, a través de un número de Seguro Social y un permiso de trabajo que los blinda contra la deportación durante ese tiempo.

En la iniciativa de reforma hay un apartado que establece, entre otras cosas, que estos chicos tendrían acceso a la ciudadanía en cinco años, ocho antes que el resto de los inmigrantes indocumentados, y que serían exentos del pago de multas. Esta prerrogativa se debe sin duda al trabajo de organización de base y estrategia política realizado por estos jóvenes durante los últimos años, que se ha convertido en un modelo a seguir para el movimiento pro inmigrante.

Los Dreamers han logrado poner un rostro humano a esta reforma cuyo articulado se dedica básicamente a números y cálculos políticos. Tanto con sus campañas informativas en sus escuelas y comunidades, como en las acciones de desobediencia civil que realizan en estados como Alabama o Arizona, e incluso con cabildeo directo en el Congreso y en la propia Casa Blanca, estos jóvenes soñadores han logrado recordar a quienes negocian su futuro, su vida misma, cuál es el fin último de la silla.

Es vital que el mundo entienda que una reforma inmigratoria debe, por encima de la seguridad nacional, de la derrama económica o del usufructo electoral, promover la equidad, la integración con justicia a la sociedad, y otorgar certeza jurídica a quienes serán beneficiarios de la misma. Olvidar esta premisa básica equivale a olvidar que la silla sirve, en esencia, para sentarse.

Eileen Truax

Foto de Rene Mirandaes mexicana, nacida en Ciudad de México. Es “periodista chilanga”, como se define a sí misma. Estudió la licenciatura en comunicación social y maestría en comunicación y política en la Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco. Actualmente es escritora freelance y vive en Los Ángeles, a donde llegó en 2004 y trabajó como reportera en el diario La Opinión. Es autora de la columna “Si muero lejos de ti”, que se publica los miércoles en Huffington Post Voces. Es la autora del libro Dreamers. La lucha de una generación por su sueño Americano, impresa por Editorial Océano México.

Foto de Rene Miranda

Comparte!

  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Copyright © 2013. All Rights Reserved.
Puede encontrar información sobre cómo reusar o volver a publicar esta obra en http://www.entremaresmagazine.com/condiciones-de-uso/.



Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Back to Top ↑

Email